Privatizaciones

El pastel de los parquin públicos de Santa Cruz

El descontrol municipal permite que las empresas concesionarias marquen sus propias reglas

Durante décadas las empresas concesionarias de los párquines municipales han explotado en condiciones muy ventajosas el “oro negro” de Santa Cruz. A medida que la ciudad perdía plazas en superficie, los párquines iban ganando metros en el subsuelo. Hoy, 9 de ellos gestionan 4.639 plazas de aparcamiento en la ciudad. Un informe revela multitud de irregularidades y la nula acción del Ayuntamiento, hasta el punto de abandonar su responsabilidad en el control de lo público.

WEYLER

Fue el primero en construirse. Abrió en 1998 con una concesión de 50 años a la empresa Parking de Tenerife S.A. Aunque tendría que tener 680 plazas, en realidad son 616 para coches y 21 para motos. Obligado a abonar un canon trimestral de 500.000 pesetas al ayuntamiento, en realidad comenzó a pagar cinco años más tarde de su inauguración. De 2003 a 2006 abona una única cantidad anual en concepto de canon que nunca supera los 3.700 euros.

Sus retrasos en el pago del canon son constantes, aunque desde el ayuntamiento no se le han exigido intereses de demora. De 2007 a 2012 no pagó absolutamente nada. Liquidó la cantidad en mayo de 2012 (21.871 euros).

Aunque en las cláusulas está específicamente prohibida la instalación de un taller de vehículos, en la tercera planta hay instalado un taller de vehículos. No consta que la empresa pidiera permiso al ayuntamiento ni que este lo diera.

De 2005 a 2012, la empresa y el ayuntamiento se enzarzaron en una polémica por unos desperfectos que la concesionaria achacó a las obras del tranvía. En 2011 el conflicto llegó a su punto más alto cuando Parking de Tenerife SA demandó al Cabildo y al Ayuntamiento. En enero de 2012, el Juzgado reclama al Ayuntamiento el expediente administrativo. A partir de ahí nada se sabe, porque no consta ningún documento relativo a este asunto.

TOMÉ CANO                   

Encadena cambios de titularidad desde su apertura en 1993. Cedido inicialmente durante 50 años a la empresa Control y explotación de estacionamientos SA, ha estado en manos de Ibérica de estacionamientos, Urbaser, Metropark e Interparking Hispania.

Durante estos 25 años ha abonado unos cánones muy bajos: apenas millón y medio de pesetas hasta el año 2000 y algo más de 8.000 euros anuales desde entonces. Hay seis años en que no pagó el canon, sin que se le reclamaran intereses.

Las tarifas han aumentado anualmente sin que conste autorización municipal, aunque el canon ha permanecido casi intacto. Si la subida de tarifa se aplicara al canon, Interparking debería pagar a la ciudad 20.000 euros anuales, no los 12.000 que paga en la actualidad.

Es un parquin público que en puridad ha sido privatizado. Según el contrato, la mitad de sus 459 plazas debía destinarse a rotación y el resto a abono. La realidad es que sólo 86 están en régimen de rotación. Las 373 plazas restantes son de abono o adquiridas por terceros en un contrato bastante ventajoso que pasó de 50 a 99 años.

En 1994 la empresa creó un depósito para vehículos retirados por la grúa. En 2001 Urbaser solicitó liquidarlo. No hubo contestación.  Hoy el depósito no existe. Hiperdino tiene reservadas 64 plazas para sus clientes. Este acuerdo tampoco consta.

VALENTÍN SANZ                

Este es un parquin hecho para los residentes de la calle Valentín Sanz con unas condiciones inmejorables: 75 años de cesión por 2.080.000 de pesetas. Hoy las plazas se traspasan por precios que rondan los 30.000 euros.

El contrato firmado por Miguel Zerolo y la UTE creada para la obra (Lain Asier) contó con un presupuesto de algo más de 220 millones de pesetas. La empresa abonó 95, el resto corrió con cargo al presupuesto municipal de 2000.

Los pliegos establecieron que estaría exento de pagar canon o fijar tarifas. De sus 499 plazas, 12 debían ser reservadas para personas con minusvalías y otras 54 serían “plazas especiales”. Sin embargo, tiene 509 plazas, 10 más de las aprobadas. Todas son de residentes.

Hay numerosos cambios de titularidad sin el correspondiente permiso municipal, a pesar de estar considerado como “una falta grave” sancionada “con la pérdida del derecho al uso”.  Tampoco se cumple la cláusula de que es el Ayuntamiento el que debe fijar los precios de las cesiones, que pueden alcanzar los 30.000 euros.

Este ir y venir de propietarios y el escaso control municipal impide que haya una relación actualizada de los titulares. Tampoco es posible saber si cumplen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

 

PUENTE SERRADOR                      

Inversiones Parque, de Antonio Plasencia, obtuvo en 1997 la concesión para explotar durante 50 años este aparcamiento de 591 plazas, de las que un 75 por ciento debía estar en rotación y el 25 por ciento restante destinarse a abono. Lo cierto es que sin que haya explicación las plazas finales son 531, 60 menos que las recogidas en el contrato. Incumpliendo el contrato, están en rotación tan solo 111 de las 330 exigidas.

La empresa aumentó las tarifas en los años 2004, 2006, 2008 y 2011, aunque no consta que pidiera autorización municipal y tampoco que ésta subida fuera pareja a un aumento del canon; una medida que también establecen las condiciones contractuales.

El canon es irrisorio y se ha pagado tarde y mal durante largos periodos de tiempo, sin que el Ayuntamiento tomara medidas contra la empresa concesionaria. La falta de control sobre el número final de plazas y las tarifas que se aplican hacen casi imposible controlar si el canon que abona actualmente la empresa es correcto: 15.000 euros al año.

A pesar de estos continuos retrasos en el pago no se le ha reclamado a la empresa el pago de intereses de demora, ni se le ha pedido que aclare si ha subido o no las tarifas durante los años 2001 a 2016, de los que tampoco consta documentación.

PUERTO ESCONDIDO     

La explotación de este aparcamiento situado en la trasera de la calle del Pilar también fue parar a manos de Antonio Plasencia. Comenzó su actividad en 1999 con una concesión de 50 años. En 2016 y tras una sentencia del Supremo, Inversiones Parque se vio obligada a ceder la concesión a la sociedad colectiva Julián Sáez Cortes y Cía.

No parece que Plasencia le tuviera demasiado apego a este aparcamiento. Intentó ceder la concesión en dos ocasiones: en 1999 a la compañía Centro comercial Parque Recreativo y en 2005 a Castelar Promoinvest SL. Ambas le fueron denegadas, aunque de la primera no aparece documentación que aclare del todo qué pasó.

El número de plazas es un enigma. Se manejan tres cifras: según el proyecto serían 268; más tarde la empresa comunica que habrá 293; pero finalmente son 280 (30 en régimen de abono y el esto en rotación). Tampoco se aclara este baile de números.

El canon inicial fue de lo más ventajoso: la empresa debía abonar al ayuntamiento 2.000 pesetas por plaza y año.  Como en otros, las tarifas han aumentado año tras año sin que conste autorización municipal ni haya correlación con una subida del canon. Desde 2013, el canon permanece inalterable: la ciudad recibe 5.007,50 euros anuales por la explotación de su suelo.

Las tarifas actuales van de 1,75 euros la hora a 28,20 euros por día.

LA RECOVA

Es el patito feo de las concesiones. De entrada, tiene sólo 150 plazas con un horario limitado de 7:30 a 21:00 horas. Lo explota la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África, que abona un canon anual fijo de 6.000 euros en el que se incluyen además la explotación del Mercado, su Centro comercial, las casetas azules y las instalaciones móviles.

Aunque en principio la explotación se adjudicó durante un plazo de 50 años, en 2009 el Ayuntamiento decidió recortarlo hasta 25.

La falta de control también es evidente. No parece que haya abonado el pago del canon los años 2012, 2013, 2014 y 2016, ni que lo haya aumentado teniendo en cuenta el IPC.

Según estos cálculos, la concesionaria debería estar pagando al año 6.246,62 euros, pero tampoco consta que la corporación le haya pedido actualizar las cifras.

Tres cuestiones que el Ayuntamiento deberá aclarar: en la primera planta hay un lavado de vehículos sin que conste documentación sobre la solicitud de la concesionaria o el permiso municipal; todas las plazas deben estar en rotación, pero existen tres destinadas a la Cadena Cope y, por último: si es cierto que existen abonos nocturnos.

EL ESTADIO

Si Plasencia tiene unos cuantos aparcamientos, Amid Achi no iba a ser menos. El del Estadio es suyo. En 1991 el Ayuntamiento y Tenerife Número Uno SA firman el contrato de explotación y en 2004 comienza su actividad por un periodo inicial de 40 años, que pronto es modificado hasta los 50.

A partir de ahí, Achi cederá parte del aparcamiento y modificará la concesión argumentando falta de rentabilidad. La segunda planta con la autorización municipal pasa a ser explotada por Simpromi en 2010 y más tarde cede 85 plazas a Mercadona. De este contrato no consta acuerdo municipal, por lo que la empresa estaría cometiendo una infracción muy grave al “no ejercer directamente la explotación, traspasándola sin autorización municipal”.

También incumple claramente la clausula que establece que las plazas de abono no sobrepasarán el 50 por ciento. Del total sólo 20 plazas están en rotación. Otra de las incógnitas es saber cómo se aumentó el número de plazas. Aunque el contrato las fijaba en 950, finalmente son 1.067, 117 plazas más de las permitidas.

Tampoco abona a tiempo el canon.

Desde 2012, la empresa intenta destinar 286 plazas a “trasteros 24 horas”. El proceso no se ha resuelto, pero supondría el tercer cambio en la concesión, que pasó de 40 a 50 años y que modificó el uso de más de 4.000 m2 de almacén a comercial.

RAMÓN Y CAJAL             

Este aparcamiento, como el de Tomé Cano, va encadenando cambios de titularidad desde su apertura en 1998. Hoy está gestionado por Empark, empresa con sede en Madrid dedicada a la explotación de párquines.

Una de las peculiaridades de este contrato es que el canon por los 50 años de explotación fue abonado en su totalidad al principio de su actividad. El Ayuntamiento recibió 219 millones de pesetas, cantidad con la que quedaba zanjado el pago hasta la finalización del contrato.

Tiene 465 plazas (aunque el contrato recogía que serían 450) y tampoco cumple con las exigencias de rotación impuestas en el pliego de condiciones por lo que debería haber perdido la concesión.

Otro de los puntos oscuros que deberá aclarar la corporación y de la que no se tienen documentos es si Empark tal y como parece, cedió los derechos de créditos derivados de la concesión administrativa a Deutsche Bank y a “otras entidades financieras” sin autorización municipal.

Varios particulares denunciaron ante la corporación sus “tarifas abusivas”. De 2001 a 2003 sufrió un incremento del 101 por ciento situándose en los 75 euros por un abono diurno. Una vez más, el Ayuntamiento ni atendió las demandas ni hizo nada. La concesionaria también modificó el sistema de cobro vulnerando lo establecido en el contrato. A pesar de las denuncias de los usuarios, el ayuntamiento tampoco actuó.

AVENDIDA DE ANAGA   

Comenzó su actividad en 1992 con la empresa Consulting Inmobiliario de Canarias, aunque posteriormente pasó a manos de Estacionamientos de Tenerife SA y finalmente a Interparking Hispania SA, la misma empresa que explota en la actualidad el aparcamiento de Tomé Cano.

Consta de 562 plazas, de las que 88 están reservadas a abono y el resto a rotación.

Varios puntos oscuros. En 1991 el Ayuntamiento permitió que la empresa concesionaria pidiera un préstamo a 15 años sobre una hipoteca del 70 por ciento de la concesión. No hay constancia de que el crédito haya sido cancelado.

En 1992 la empresa Estacionamientos de Tenerife SA pidió una ampliación del periodo de explotación alegando “suspensión de pagos de la constructora”. Tampoco consta resolución municipal a esta petición.

Este silencio ha permitido que la concesionaria aumente las tarifas. Curiosamente, el contrato reza que las tarifas “serían aprobadas por silencio administrativo”. La tarifa comenzó siendo de 100 pesetas por plaza y hora. Hoy es de 1,96 euros.

En 2005, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a la empresa por utilizar una clausula abusiva al establecer los previos de la estancia por hora o fracción. Tampoco queda claro qué pasó con este expediente o si el ayuntamiento actuó en defensa de los intereses de los usuarios.

 

 

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