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Izquierda Unida teme que no se garanticen derechos laborales en la piscina de Añaza

Ramón Trujillo insiste en retirarle la explotación a la empresa SOTEC por el retraso sistemático en el pago de las nóminas
Izquierda Unida pide regresar a la gestión directa municipal y acabar con la privatización, que castiga a los trabajadores

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, transmitió ayer al Consejor Rector del Organismo Autónomo de Deportes su preocupación porque queden garantizados los derechos laborales en la nueva licitación de los servicios que se prestan en la piscina municipal de Añaza.

El edil de IUC preguntó si tendría opciones de ganar la adjudicación la empresa Soluciones Técnicas Canarias (SOTEC), que lleva años retrasándose en el pago de las nóminas y que, ahora mismo, adeuda la nómina de agosto a las trabajadoras de la piscina municipal Acidalio Lorenzo.

El portavoz de IUC insistió en la importancia de resolver el expediente sancionador abierto a la empresa, por retrasos en el pago de nóminas, y recordó que este asunto lo denunció en el pleno municipal de abril. En aquel entonces la empresa acumulaba retrasos, de hasta tres meses, en el pago de nóminas a trabajadoras de las piscinas municipales.

Trujillo señala que se trata de un asunto particularmente grave porque la conflictividad en algunas piscinas viene de lejos. En mayo de 2014, SOTEC había acordado con la plantilla de la Piscina Cubierta del Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz “la regularización del abono de los salarios” y se comprometía a ingresar “mensual y puntualmente los sueldos de los trabajadores de la Piscina Cubierta entre los días 1 y 8 de cada mes”.

El problema prosiguió y, tres años después, el 20 de marzo de 2017, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social declaró que se había comprobado el “retraso reiterado en el abono de salarios que afecta a la totalidad de la plantilla” y que se trataba de una infracción “tipificada como muy grave” en la normativa vigente.

La realidad muestra cómo la privatización de estos servicios castiga a las trabajadoras para beneficiar a una empresa. IUC aboga por la gestión directa de los servicios prestados en las piscinas municipales, pero, en todo caso, si se mantiene privatizada, hay que garantizar el cese de la vulneración permanente de los derechos laborales e incluir mecanismos de penalización severa e inmediata a las empresas que los perpetran.

 

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