Política municipal

IUC denuncia que el Gobierno dilapidó 1,5 millones en la Ciudad de la Justicia

La construcción del nuevo edificio en Cabo Llanos se aplazó por la crisis económica en 2008
Se realizaron y pagaron los estudios geotécnicos, de ingeniería industrial, telecomunicaciones, bioclimático y el proyecto de ejecución

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el Gobierno de Canarias se gastó 1.575.000 euros en el proyecto de ejecución de obras de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. El edil de IUC afirma que “todo estaba preparado para construir el edificio en Cabo Llanos, pero se aplazó por la crisis. Si hacemos caso a lo que dicen ahora desde Coalición Canaria, habría que asumir que iban a construir un edificio que no serviría para las necesidades de la Justicia. Está claro que, en algún momento, han mentido y no quieren que sepamos la verdad”.

Trujillo afirma que en la Consejería de Presidencia y Justicia se halla el expediente de Redacción del Proyecto Nuevo Edificio Sede del Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y Juzgados de Tenerife. Se dispuso de un total de 675.000 euros para el año 2007 y de otros 900.000 euros para 2008. Se realizaron los estudios geotécnicos, de ingeniería industrial, telecomunicaciones, bioclimático y el proyecto de ejecución. Quedó todo preparado para construir un edifico que satisficiera las necesidades futuras de la administración de Justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El edil de IUC señala que alguien debiera asumir la responsabilidad de tirar 1,57 millones de euros de dinero público a la basura, además de los 78.000 euros gastados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el concurso de ideas. Para IUC, es inaceptable que, en 2007, se equivocaran con las necesidades futuras de la Ciudad de la Justicia y se gastaran en total 1.653.000 euros de dinero público en un proyecto que ahora dicen que no sirve para nada. “De hecho”, afirma Trujillo, “si se equivocaron en 2007 con las necesidades futuras de la Justicia tendrán que explicar qué ha cambiado para garantizar que ahora no vuelven a equivocarse”.

Por otra parte, el concejal de IUC afirma que el proyecto se “podría abaratar si se omitieran las exigencias de materiales ostentosos que, en 2007, planteó una despilfarrofilia institucional ultraperiférica ajena a los nubarrones de la crisis que se avecinaba”.

Trujillo señala que los datos disponibles muestran que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quieren que nos pronunciemos sobre el mejor emplazamiento de la futura Ciudad de la Justicia desconociendo datos relevantes y asumiendo mentiras evidentes. “Ante esto”, concluye, “la postura de IUC seguirá siendo reclamar un debate informado y plural para luego tomar una decisión con una calidad democrática aceptable”.

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